La última ejecución, hasta julio de este año, fue en 2003. Es decir, durante más de una década y media, la pena de muerte federal fue arrinconada y, aunque no se suspendió formalmente, parecía formar parte del pasado. Fue el Gobierno de Trump el que impuso decididamente su vuelta en 2019 haciendo toda la publicidad posible de ello.
Por otra parte, a nivel estatal, el uso de la pena de muerte cada año es menor. Con la abolición de la pena de muerte en Colorado, en marzo de 2020, son ya 22 los estados que han abolido este castigo para todos los delitos, ocho de ellos desde que comenzó el milenio. De los 28 estados restantes, 10 de ellos —California, Indiana, Kansas, Kentucky, Montana, Nevada, Carolina del Norte, Oregón, Pensilvania y Wyoming— no han llevado a cabo ejecuciones desde hace al menos 10 años. Además, California, Oregón y Pensilvania han dictado moratorias de todas las ejecuciones.
El gobernador Gavin Newson mostró claramente el sentir de mucha gente: “Matar intencionadamente a otra persona está mal y, como gobernador, no voy a supervisar la ejecución de nadie. Nuestro sistema de pena de muerte es, se mire como se mire, un fracaso. Discrimina a personas enjuiciadas con enfermedades mentales, negras, o a quienes no pueden permitirse una costosa asistencia letrada. No ha dado ningún beneficio en materia de seguridad pública ni tiene efectos disuasorios. Se han malgastado miles de millones de dólares de los contribuyentes en su aplicación. Pero, sobre todo, la pena de muerte es definitiva. Si se produce un error humano, es irreversible e irreparable”
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